El Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha ha desempeñado un papel fundamental en la creación de un nuevo decreto que regula a las Entidades Colaboradoras de la Administración. Esta iniciativa busca fortalecer el apoyo técnico a las entidades locales, en especial aquellas de menor tamaño, sin sustituir las competencias ni el principio de autoridad de la Administración pública.
El decreto fue aprobado el pasado viernes y su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) establece el régimen jurídico para estas entidades. Desarrolla las previsiones de la Ley 4/2025 de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, permitiendo que las entidades colaboradoras actúen en áreas como urbanismo, gestión forestal, evaluación ambiental, economía circular, patrimonio cultural, servicios sociales y turismo.
Rafael Santiago, presidente de COSITAL Castilla-La Mancha, ha comentado que el objetivo principal de esta normativa es mejorar la capacidad técnica de las administraciones públicas, en particular en zonas rurales, mediante la colaboración efectiva con entidades especializadas. Este nuevo régimen público-privado permitirá que dichas entidades aporten el apoyo técnico necesario, contribuyendo a la optimización de procesos y a la mejora de la calidad técnica de los expedientes.
El decreto subraya que las funciones de las entidades colaboradoras se centrará en la elaboración de informes, certificaciones y asistencia técnica, sin asumir las competencias de la Administración, que seguirá ejerciendo el control y supervisión de los procedimientos. Santiago destacó: «Esto no supone en ningún caso una dejación del principio de autoridad por parte de la Administración. Son entidades llamadas a colaborar con nosotros, no a sustituirnos».
Inicialmente, el marco legislativo se aplicará al área de urbanismo, pero se extenderá paulatinamente a otros sectores como la gestión forestal, la calidad ambiental, la economía circular y la promoción empresarial, entre otros. Desde COSITAL Castilla-La Mancha se observa esta normativa como una oportunidad para potenciar la capacidad de gestión de los ayuntamientos, facilitando el acceso a recursos técnicos especializados, sobre todo para aquellos de menor tamaño que suelen contar con estructuras administrativas más limitadas.
Rafael Santiago concluyó: «Todo aquello que permita reforzar la capacidad técnica de nuestros ayuntamientos es bienvenido. Lo importante es que los municipios dispongan de más herramientas para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, manteniendo siempre las garantías, el control administrativo y la seguridad jurídica».
